MANIFIESTO PLATAFORMA CIUDADANÍA DE RESIDENCIA

En la Europa actual siguen existiendo diferentes categorías de ciudadanos. Más de quince millones de personas residentes extracomunitarias están sometidas a una verdadera exclusión legal dentro de la Unión Europea, de tal manera que son tratadas como miembros de una "casta jurídica" inferior. En España, son 2.738.932 las personas extranjeras residentes, de las que 1.958.091 no son comunitarias y, por tanto, no tienen reconocidos sus derechos en igualdad de condiciones que el resto.

Estos millones de personas pagan sus impuestos, cotizan y colaboran con su trabajo a la prosperidad europea, pero se les niega su condición de ciudadanos. Por una parte están obligados a cumplir todos los deberes impuestos por el ordenamiento jurídico que rige las sociedades de las que forman parte y, por otra, tienen vedado el derecho a la participación política y, por tanto, a intervenir directamente en los asuntos que afectan a su comunidad.

Los ciudadanos de la Unión debemos asumir que la única alternativa para alcanzar un desarrollo europeo justo, humano y solidario es trabajar por la supresión de toda discriminación injustificada que pueda afectar a cualquier individuo o colectivo de los que forman parte de nuestra comunidad. Mantener realidades de exclusión legal y social pone en peligro la convivencia y la paz social.

Ante esta situación, queremos hacer un llamamiento a la sociedad europea en general y a la española en particular para que exijan al Estado español y a las instituciones de la Unión Europea que tomen urgentemente las medidas necesarias para reconocer en toda su plenitud los derechos políticos y sociales de nuestros conciudadanos extracomunitarios. En concreto, las organizaciones sociales que suscriben el presente manifiesto, exigen:

1.- Que, en un primer paso, se les reconozca a los residentes extracomunitarios el derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones municipales y europeas, equiparando su situación a la de los residentes nacionales de países de la Unión Europea.

2.- Que en un segundo paso se extienda este derecho a la participación política a las elecciones autonómicas y estatales, avanzando en una concepción de la ciudadanía que esté vinculada a la residencia y no necesariamente a la nacionalidad.

4.- Que se articulen los instrumentos legales y sociales necesarios para que las personas que desean ejercer su derecho a tener una vida digna entre nosotros lo puedan hacer en unas condiciones respetuosas con los derechos humanos, sin tener que arriesgar su vida en mares, desiertos y en las vallas de nuestras fronteras; sin tener que sufrir la explotación laboral y el acoso policial. La reivindicación de una ciudadanía de residencia no puede olvidar a nuestros conciudadanos extranjeros no documentados, condenados a la inexistencia social y jurídica.