YO se  encuentra en España en situación irregular. Para poder solicitar su autorización de residencia tiene que permanecer en España durante tres años de forma ininterrumpida y consecutiva, además de contar con que un empleador le haga un contrato de trabajo por un año  (o dos de seis meses en el sector agrícola o varios por horas en servicio doméstico) percibiendo, como mínimo, el salario mínimo interprofesional. Estos requisitos son prácticamente imposibles de cumplir en la actualidad; están regulados en los arts. 124 y 129 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

Como si esto fuera poco, el empleador que formalice el contrato debe acreditar que tiene recursos económicos para realizar la contratación y mantenerla durante un año. Para un empleador en servicio doméstico (es decir un cabeza de familia) estos recursos tienen que ser superiores a 15.000 euros anuales en rendimiento neto de la declaración de la renta (una vez descontados los gastos anuales), teniendo en cuenta que si el empleador tiene familia estos recursos económicos se irán incrementando en función de los miembros de la misma. ¿Qué español de a pie cuenta con estos recursos económicos y más si se trata de una persona mayor, que percibe una pensión de jubilación?

En el caso de que sea una empresa la que pretende realizar la contratación tiene que acreditar que es solvente, lo cual resulta prácticamente imposible en los casos, por ejemplo, de empresas de nueva creación.

Estos requisitos, de muy difícil cumplimiento, vienen regulados en los Arts. 64 y 66 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.