Los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular volverán a tener derecho a la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS), pero no recuperarán la tarjeta que les fue retirada con la aprobación de la reforma sanitaria en 2012.

La medida se adopta tan sólo como una forma de descongestionar las urgencias y no supondrá que a las más de 800.000 personas a quienes se les retiró la tarjeta sanitaria vayan a recuperarla. Esta negativa implicará que el acceso seguirá siendo muy limitado o nulo: las personas afectadas continuarán sin la posibilidad de tener asignadas un médico de referencia o ser derivadas a un o una especialista, ni tendrán historial médico. Además, tendrán que seguir haciendo frente al pago del cien por cien de los medicamentos.

Tras dos años y medio desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012, tiempo en el que se ha demostrado que los argumentos del Gobierno sobre el supuesto ahorro son falsos, este cambio sigue sin garantizar en igualdad del derecho a la salud entre todas las personas que se encuentren en España.

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