Cuando pensamos en diferentes momentos históricos, incluso en nuestros días dentro de sociedades en las que la justicia social está lejos de ser una aspiración, nos llevamos las manos a la cabeza ante situaciones de desigualdad manifiesta que aislan a las personas únicamente por razón de su pertenencia a determinados grupos sociales: por haber nacido mujeres, por el color de su piel o por ser integrantes de una etnia determinada, por pensar o creer (o no creer) de una forma diferente a la oficial, etc. Estas situaciones de exclusión nos causan perplejidad, incomprensión, y nos alientan a luchar por construir un mundo más justo en el que sean respetados los derechos, en igualdad, de todas las personas, sin que importen sus circunstancias individuales.


No tenemos que ir muy lejos, ni en el espacio ni en el tiempo, para encontrar una realidad próxima que legitima la exclusión de aquellas personas que residen en España y que por haber tenido el “infortunio” de nacer fuera de los dominios de la Unión Europea se ven relegadas a un papel de segundo orden en nuestra sociedad, a la invisibilidad como forma de pertenencia colectiva. Nos referimos a las personas migrantes que se encuentran en situación documental irregular.

El actual marco legal español convierte en invisibles a miles de personas que residen en nuestro país, condenándolas a dar vueltas en un círculo vicioso de exclusión y marginalidad. La Ley de Extranjería necesita ser revisada urgentemente con el fin de que los derechos y las obligaciones amparen a toda la población, con independencia de cada situación administrativa, y favorezcan la consecución de un contexto de convivencia pacífica, plural e igualitaria. La rigidez de requisitos exigidos para regularizar la ciudadanía de pleno derecho en España de personas nacidas fuera de la Unión Europea, que afectan tanto a la solicitud inicial como al proceso para su renovación, plantean un escenario inalcanzable, prácticamente utópico, que retroalimenta el circuito de la discriminación institucional. Incluso las opciones exiguas que se conceden a estas personas para regularizar sus situaciones administrativas –autorización de residencia por arraigo- están sometidas a la arbitrariedad en la interpretación de una legislación ambigua por parte de las autoridades competentes, y casi siempre son aplicadas de forma restrictiva. Este contexto de exclusión oficial favorece, entre otras realidades indeseables, el desarrollo de un mercado laboral al margen de la legalidad, que permite situaciones de explotación, vulnerabilidad y extrema precariedad. Si el marco legal español legitima que una parte muy significativa de su población no tenga acceso pleno a los derechos que rigen la convivencia, propiciando la existencia de una ciudadanía de segundo nivel, invisible, ilegitimada y expuesta a vulneraciones de derechos humanos básicos, nuestros esfuerzos por alcanzar la justicia social siguen estando, aquí y ahora, tan vigentes como en pasadas épocas, que creíamos haber superado

En Córdoba Acoge trabajamos desde 1991 para construir una sociedad que acoja, respete y se enriquezca con la aportación de todas las personas, sin que importe el lugar en el que hayan nacido. Reclamamos, por tanto, leyes que favorezcan la participación social, política, económica y cultural de quienes se encuentran en situación administrativa irregular, para que puedan sumar sus proyectos individuales de vida, en igualdad de oportunidades, a la construcción del gran proyecto común. Os animamos a uniros a nuestra reivindicación para exigir el fin de la invisibilidad que atenta contra la dignidad de las personas migrantes y socava la aspiración a una sociedad justa y equitativa.

Texto leído en el Círculo de Silencio de Córdoba, celebrado el 27 de mayo de 2021 (organizado por la Delegación y Mesa Diocesana de Migraciones y protagonizado por Córdoba Acoge).