Durante estas semanas, en las que se abre el periodo de matriculación para los diferentes niveles del sistema educativo, queremos visibilizar una situación de desigualdad en el acceso a la educación que afecta especialmente a una parte de la población inmigrante residente en Andalucía.

Existe una falta de unidad de criterios entre administraciones públicas en la consideración del certificado de empadronamiento municipal como documento válido para todas las gestiones de la ciudadanía con la Administración. Esta falta de un criterio único se deriva, entre otras situaciones de desigualdad, en la exclusión de las personas extranjeras que no disponen de NIE para el cálculo del cómputo de las unidades de convivencia familiar, con el perjuicio que esto conlleva en el derecho a la percepción de becas y ayudas en todo el sistema educativo (obligatorio y preescolar): becas para la educación de 0 a 3 años, ayudas de comedor, aula matinal, etc.

La falta de un sistema equitativo de concesión de ayudas para la educación tiene, además, un efecto colateral: el agravamiento de las dificultades de participación laboral de las mujeres migrantes, que siguen siendo las principales responsables de la crianza y cuidado de menores que no pueden acceder a las medidas para favorecer la conciliación de la vida profesional y familiar.

Las actuales circunstancias, derivadas de los efectos sociales y económicos de la crisis provocada por el covid-19, hacen más necesario que nunca la adopción de políticas inclusivas que den cobertura a toda la población, centrándose especialmente en la protección de la infancia y en la igualdad de oportunidades para su acceso a una educación de calidad.